Violencia y tortura sexual en México


Apenas hace unas semanas fuimos testig@s de las imágenes de las y los normalistas de Mactumatzá que protestaban en las carreteras chiapanecas y cuya exigencia era realizar de manera presencial los exámenes de admisión debido a la falta de accesibilidad de internet en sus hogares. La policía federal respondió lanzando gases lacrimógenos y detuvo a los manifestantes, 74 de los cuales eran mujeres.


Las normalistas denunciaron abuso sexual y maltrato psicológico, además de uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de los agentes federales. Desafortunadamente, esta acusación no es nueva en el panorama de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, históricamente la violencia de género y la tortura sexual ha sido empleada como dispositivo de control social.


Uno de los casos más emblemáticos fue el de las mujeres víctimas de violencia sexual en Atenco, cuya sentencia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre del 2018, en la cual el tribunal ratificó la violencia de índole sexual por parte de agentes estatales y señaló que “[…]fue utilizada […]como una táctica o estrategia de control, dominio e imposición de poder, pues instrumentalizaron los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado”[1], transgrediendo así lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana contra la Tortura.


De acuerdo al informe “Tortura sexual en México. Contextos, prácticas e impactos” de la campaña Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual, en nuestro país el mayor número de mujeres que han sido víctimas de tortura sexual se encontraban privadas de la libertad y bajo la custodia de ejército, marina o cuerpos policiales. Este tipo de violencia es utilizada como “medio de obtener información, autoinculpación o simplemente como una demostración del poder masculino”.[2]


En el contexto de la denominada guerra contra el narcotráfico, el World Justice Project encontró que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez.[3] En la misma línea, el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” de Amnistía Internacional confirma la alta incidencia de violencia sexual a mujeres privadas de libertad entre las que se mencionan los tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales además de palizas y descargas eléctricas durante interrogatorios.


Aunque la sentencia de la Corte interamericana emitida en 2018 ha significado un avance en el reconocimiento de la responsabilidad parcial del Estado mexicano y se ordenó entre las medidas de reparación un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México, en nuestro país las fuerzas de seguridad pública continúan violando sistemáticamente los derechos de las mujeres privadas de la libertad.


Entre los principales obstáculos estructurales que se han señalado en el combate contra la tortura sexual se localiza la militarización de la seguridad pública, así como la impunidad en el castigo a agentes estatales. Para hacer frente a esta violación sistémica de los derechos de las mujeres deben tomarse medidas individuales de reparación que les ayude a sanar los impactos físicos y psicológicos de la violencia ejercida; medidas comunitarias a través de mecanismos de justicia restaurativa y a nivel estatal con garantías de progresividad y no repetición.

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. “CASO MUJERES VÍCTIMAS DE TORTURA SEXUAL EN ATENCO VS. MÉXICO. RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE LA SENTENCIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.” Consultado el 9 de junio del 2021 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_371_esp.pdf [2] Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. “Tortura sexual en México. Contextos, prácticas e impactos.” Consultado el 9 de junio del 2021 https://centroprodh.org.mx/2015/12/09/tortura-sexual-en-mexico-contexto-practicas-e-impactos/ [3] Animal Político. “En México, 8 de cada 10 mujeres detenidas sufren tortura o malos tratos de las autoridades: informe. Consultado el 9 de junio del 2021 https://www.animalpolitico.com/2018/11/mujeres-detenidas-mexico-tortura-sexual-autoridades/



Sobre la autora:

Adriana López Belda

Feminista y socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con experiencia profesional en la documentación, defensa e incidencia política en Derechos humanos, tanto en organismos autónomos como en organizaciones de la sociedad civil.



Esta columna forma parte de la sección Editorial de LaTraductoraMx, un espacio de opinión para mujeres especialistas que deciden alzar la voz.