Violadores, pedófilos y acosadores al poder


En el marco del proceso electoral 2020-2021, el Instituto Nacional Electoral impulsó una nueva iniciativa que busca que agresores, violentadores de mujeres y deudores de pensión alimenticia no puedan aparecer en las boletas. En ese contexto, se creó la declaración 3de3 contra la violencia de género, que fue apoyada por la totalidad de los partidos políticos a nivel nacional, además de contar con un llamado por parte de las autoridades electorales para que dicha práctica se replicara a nivel nacional. Los discursos de la sesión en la que se aprobó dicha iniciativa parecieron alentadores pues los partidos refrendaban su compromiso por la erradicación de la violencia de género, especialmente en el ámbito de la política.


No obstante, conforme han avanzado los procesos internos de los institutos políticos de cara a las próximas elecciones, han salido a la luz casos como el de Félix Salgado, candidato a la gubernatura de Guerrero, que cuenta con al menos cinco denuncias por violación y acoso sexual, o el caso del precandidato José Medel de Movimiento Ciudadano, que aspiraba a una diputación local en Puebla y cuyo video de pedofilia circuló por redes sociales. A pesar de que los casos despertaron la indignación nacional, a la que se han sumado no sólo las voces de mujeres que actualmente se encuentra en alguna posición de poder, sino de feministas que también han salido a protestar a las calles, en el caso de la candidatura de Salgado, Morena decidió continuar con su registro.


¿Cuál es el mensaje que nos transmite esta acción?

1-Que la declaración 3de3 se reduce a mensajes vacíos que se alejan de un compromiso real por abatir la violencia de género y crear espacios seguros para las mujeres.

2.-Que la violencia de género y los casos de violación y acoso sexual no son lo suficientemente graves como para negarse a poner entre sus filas a quien es denunciado por ello.

3.-Que las denuncias de las víctimas de violencia de género son minimizadas en un contexto nacional en el que la impunidad es la regla y no la excepción.

4.-Que la igualdad de género y la garantía de la integridad, seguridad y vida de las mujeres sigue sin ser una prioridad.

5.-Que el pacto patriarcal está inmerso en todas las estructuras, en todos los niveles, y que persisten fuertes resistencias por romperlo.


Es peligrosísima la posible llegada de quien viola, violenta, acosa o agrede a mujeres a puestos públicos, pues no hay garantía de no-repetición de estas acciones que vulneran los derechos de las mujeres desde el abuso de una nueva posición de poder.


Lo vimos en el reciente caso del alcalde y el director del municipio de Totototlán, que desde sus cargos públicos buscaban silenciar a quien solicitaba justicia y reparación por un caso de acoso sexual al interior del Ayuntamiento.


Lo vemos día a día cuando surgen nuevos casos de violencia de género por parte de cualquier autoridad. La declaración 3 de 3 es un primer paso para permitir la transformación de los espacios políticos en espacios seguros para las mujeres, pero se necesita una firme convicción por parte de los institutos políticos para dejar no sólo de proteger, sino de premiar e impulsar las carreras políticas de quienes nos violentan.