“Las elecciones más grandes de la historia”, pero ¿las más incluyentes?


Desde hace varios meses escuchamos por todos lados que estas son las “elecciones más grandes de la historia”, pues habrá votaciones en los 32 estados de la República, en las que se elegirán más de veinte mil cargos de elección popular. Pero el hecho de que sean los comicios más grandes hasta el momento, ¿también implica que sean los más incluyentes?

La democracia es comúnmente entendida como la voz de la mayoría para la toma de decisiones; no obstante, desde mi particular punto de vista esta óptica se queda corta. Para que la democracia sea real debe incluir las voces de todas y de todos, de las mayorías y de las minorías también; si esto no se cumple estaríamos frente a una democracia incompleta, simulada.

Aun cuando nuestra Constitución reconoce el principio de igualdad y no discriminación, la democracia mexicana nunca ha sido realmente igualitaria e incluyente; siempre ha estado incompleta porque se ha negado sistemáticamente la participación plena de mujeres, personas indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas de las comunidades LGBTTTIQ+ y personas jóvenes, entre muchas otras.

Sin embargo, gracias al impulso de la sociedad civil, en los últimos años las instituciones electorales han implementado medidas que buscan garantizar elecciones más igualitarias. Tal vez los avances normativos más importantes los encontramos en materia de paridad de género, principio ya reconocido en la Constitución mexicana. Lamentablemente, en otros aspectos el avance es notablemente menor. Pese a esto, durante el actual proceso electoral se han puesto en marcha, además de lineamientos sobre paridad de género, diversas acciones afirmativas para garantizar la postulación de candidaturas de personas indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas jóvenes y personas de las comunidades LGBTTTIQ+.

De acuerdo con el Tribunal Electoral, las acciones afirmativas buscan revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos político electorales.


Por ejemplo, en el caso de Nuevo León se establecieron lineamientos de paridad de género que en la teoría buscan garantizar la paridad horizontal, vertical y transversal. Para ello se usó un modelo basado en bloques de competitividad electoral, de manera que las mujeres sean candidatas en ayuntamientos o distritos en donde tengan posibilidades reales de ganar. En la práctica ha sido muy complejo que esto se materialice plenamente.


Además, se pusieron en marcha acciones para que los partidos postulen un número mínimo de fórmulas de candidaturas —tanto para el Congreso del Estado como para los diferentes ayuntamientos— integradas por personas indígenas, personas con discapacidad, personas jóvenes y personas LGBTTTIQ+.

¿Y con esto se garantiza una democracia incluyente? La realidad es que no. Las medidas son positivas, pero insuficientes. Primero, porque no garantizan la integración en los puestos de representación popular, solo se garantiza la postulación de los grupos poblacionales ya mencionados. En segundo lugar, porque dichas medidas enfrentan un contexto sistemático y estructural de desigualdad cimentado en la discriminación histórica de ciertos grupos de la población. Esto trae como consecuencia, por ejemplo, que los partidos políticos que tienen la obligación de implementar estas acciones opten por simularlas, lo que ha provocado que incluso el Tribunal Electoral se haya tenido que pronunciar al respecto, ordenándoles que cumplan cabalmente con sus obligaciones. Y en tercer lugar porque en ciertos estados se han dejado fuera ciertos grupos, como las comunidades afromexicanas.

“Las elecciones más grandes de la historia” solo podrán convertirse en elecciones incluyentes, igualitarias y justas en la medida en la que se trabaje en reducir las desigualdades, los estereotipos y los prejuicios a los que se enfrentan millones de personas en México todos los días; reconocer la desigualdad social, económica y política es un primer paso. A la par, las instituciones públicas y los partidos políticos deben dejar de simular y comprometerse realmente con la construcción de una democracia incluyente, justa e igualitaria. Solo así podremos dar pasos sólidos y progresivos hacia una vida pública que escuche todas las voces y permita la participación de todas y todos, sin distinción.



Sobre el autor:

Carlos Osoria

Abogado, consultor y profesor especializado en temas de derechos humanos. Fundador de Humanus DH.

Instagram: @humanus.dh

Esta columna forma parte de una colaboración entre LaTraductoraMx y Humanus DH, una firma especializada en igualdad, no discriminación y derechos humanos.