Lanzan acuerdo sobre Fuerzas Armadas


El pasado 11 de mayo se publicó el "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria" en el Diario Oficial de la Federación (DOF).


Algunos puntos del Acuerdo:


1.-El Acuerdo no garantiza claridad sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y no cuenta con elementos para exigir que su participación sea subordinada y complementaria de las labores civiles de seguridad.


2.-La supervisión de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad estará a manos del órgano interno de control de la dependencia de la Fuerza Armada.

Problema: la recomendación internacional es que esta tarea la realicen órganos civiles independientes, por lo que obstaculiza la transparencia y rendición de cuentas.


3.-Las Fuerzas Armadas podrán realizar acciones en la etapa inicial de investigación de delitos, como registro de personas detenidas, apoyo a centros de control migratorio, entre otras.

Problema: Las Fuerzas Armadas no deberían fungir más allá de sus funciones. De acuerdo a ONU-DH "la participación del personal militar en estas funciones podría invadir competencias y trastocar el debido proceso".


¿Qué opinaron las instancias de derechos humanos?


"La participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario ante las circunstancias que justifican su intervención y el Acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición; debe de ser subordinada y complementaria a las labores civiles de seguridad"- estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un posicionamiento al respecto.


La ONU-DH hizo un llamado para la revisión del Acuerdo sobre los siguientes puntos:

-Cumplimiento de normas internacionales del uso de la fuerza.

-Garantía de los derechos humanos y la seguridad de la población.

-Fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública en México.

-Diseño de una ruta de salida para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas.


Por su parte, José Antonio Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH, en entrevista con El Financiero, destacó:

-Es un acuerdo que tiene un fundamento legal muy dudoso porque la orden de desplegar a la fa permanente para tareas de seguridad pública es muy vaga.

-No reúne las condiciones que la Constitución establece para que las FA realicen tareas de seguridad pública como la subordinación y la necesidad de controles independientes e imparciales (inexistentes en el Acuerdo).


La observancia de la aplicación de este Acuerdo será relevante para la garantía de los derechos humanos en el país.