INAI no seas cómplice


Monterrey alguna vez fue una ciudad que se jactaba de que sus habitantes no protestaban. Veíamos las marchas por televisión en el noticiero, la mayoría en la Ciudad de México, y sorbíamos el café con la certeza de que aquí eso no pasaba porque no había razón para tomar las calles. Gracias a que la historia de organización y lucha de la ciudad quedó sepultada bajo el pesado lastre de las ideas del empresariado regiomontano, manifestarse era y sigue siendo mal visto por un sector de la opinión pública que considera que la protesta no forma parte de la ideología de las personas trabajadoras. Afortunadamente todo tiene su final y nada dura para siempre.


Una de las luchas que ha irrumpido en la ciudad ha sido la de las mujeres. Las manifestaciones feministas han teñido de morado y verde las calles del centro de la ciudad una y otra vez, exigiendo justicia por las víctimas de la violencia de género en un estado que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en llamadas de emergencia por abuso sexual, el tercer lugar en presuntos delitos de violencia familiar, y que tiene el tercer municipio ―Monterrey― con mayor número de feminicidios en 2020.[1] Como en todas las revoluciones, son las jóvenes quienes se encuentran al frente exigiendo ya no solo igualdad sino emancipación y justicia. Pronto estas exigencias entraron en las aulas de las universidades y detonaron una granada cuyos fragmentos siguen cayendo sobre nuestras cabezas.


Acoso en la U se conformó en el 2017 como un blog que se nutrió de testimonios de alumnas y exalumnas quienes denunciaban de forma confidencial el acoso sexual por parte de profesores del Tec de Monterrey y la Universidad de Monterrey. El blog estuvo colgado en la red un par de días hasta que recibió un ciberataque y dejó de funcionar, además de que fue denunciada anónimamente ante la empresa que administraba el dominio.[2] Ante la caída del blog, usuarias de las redes sociales comenzaron a dejar sus testimonios con el hashtag #AcosoEnLaU. Un caso que trascendió fue el de Felipe Montes, un conocido escritor local, quien tras la denuncia confidencial de cinco mujeres fue suspendido por el Tec de Monterrey y procedió a negar todas las acusaciones por medio de un post en su perfil de Facebook.[3]


El trabajo de Acoso en la U, que ahora se conforma como asociación civil, fue fundamental para la generación de los Protocolos Contra la Violencia de Género que operan en la actualidad en el Tecnológico de Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y la Universidad de Monterrey (UDEM), entre otras instituciones. En principio, la confidencialidad de la denuncia fue lo que les brindó seguridad a muchas mujeres quienes en otro contexto jamás se hubieran atrevido a compartir su experiencia de acoso sexual y violencia en el ámbito universitario. Es evidente que en estos casos la confidencialidad funciona como una protección para las víctimas y se posiciona como la única vía en la que pueden romper el silencio.


Esta protección estuvo en riesgo porque en mayo de 2019 Felipe Montes inició un procedimiento de derechos ARCO[4] ante Acoso en la U para conocer la identidad de sus denunciantes, así como la “eliminación de cualquier medio físico y electrónico de los testimonios publicados en la web”.[5] En pocas palabras, Montes intentó quebrantar la protección de quienes lo denunciaron de forma confidencial por acoso sexual al instrumentar el derecho a la protección de privacidad como un medio de acoso continuado hacia las víctimas. La asociación se negó puesto que no es sujeto obligado a responder solicitudes ARCO, además de que Felipe Montes jamás compartió sus datos personales con Acoso en la U.