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y los derechos de las personas con condiciones de salud mental.[1]


En últimas semanas hemos estado pendiente de la batalla de la cantante de pop, Britney Spears, quien se encuentra bajo una tutela donde se le prohíbe tomar decisiones autónomas sobre su salud mental, elecciones reproductivas y legales. Se pensaría que Spears como mujer blanca, heterosexual y perteneciente a una clase económica alta no sería violentada en sus derechos humanos, sin embargo, estas vulneraciones desafortunadamente son más comunes de lo que pensamos y se intersectan con condiciones raciales, de clase y género.


De acuerdo a Documenta A.C, en nuestro país la salud mental tiene una escasa visibilidad y atención por lo que falta información y rendición de cuentas para asegurar el más alto nivel de las políticas públicas, programas y servicios de atención; siguiendo el informe “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México.”, aunque el derecho a la salud se reconoció en múltiples instrumentos internacionales, fue hasta 1966 con la emisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando se planteó por primera vez que la salud mental es parte intrínseca del derecho a la salud y los Estados están obligados a garantizarla. También en el marco de las Naciones Unidas se emitieron los “Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental”, así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) del año 2008, en la cual se estipula que no deben existir restricciones para el ejercicio de los derechos.


“La CDPD dota de un marco normativo internacional a la lucha de las personas con discapacidad para que sean reconocidas como sujetos plenos de derechos y no como objetos de caridad, tratamiento médico o asistencialismo, (…) es reconocida por impulsar un nuevo paradigma que cuestiona lo que se ha definido como limitaciones o deficiencias individuales; por ejemplo, las derivadas de condiciones mentales diversas” (…)[2].


Si bien la CDPD no es una Convención sobre la salud mental, reconoce derechos para las personas usuarias de los servicios médicos psiquiátricos, entre ellos: el reconocimiento del derecho a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones frente a las demás, derecho a no ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, entre otros.[3]


En México y en el mundo han surgido movimientos de personas expertas por experiencia que pugnan por los derechos de usuarios y exusuarios de servicios médicos y psiquiátricos y que han registrado violencias, como la restricción de autonomía, ausencias de medidas de seguridad y falta de acceso a información, por lo que las principales recomendaciones para una política de salud mental integral incluyen:


1) Reformar la Ley General de Salud, en específico el capítulo VII, con el objeto de garantizar los derechos de toda la población, en específico los de las personas usuarias de servicios de salud mental, conforme a los tratados de derechos humanos, concretamente la CDPD.

2) Derogar de los códigos civiles la restricción a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, lo cual implica eliminar el juicio de interdicción y los regímenes de sustitución de dicha capacidad para remplazarlos por sistemas de apoyo para el ejercicio de la misma.

3) Elaborar un plan nacional multisectorial de salud mental comunitaria con la participación de los diversos sectores y niveles de gobierno, las organizaciones de personas usuarias del sistema de salud mental y otras organizaciones de la sociedad civil.

4) Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios.


Dentro de la población con condiciones de salud mental y usuarias de servicios psiquiátricos, las mujeres enfrentan diversos factores psicosociales que las hacen propensas a estos trastornos, en los cuales la violencia de género y desigualdad juegan un papel importante y que “(…)es necesario seguir visibilizándolo y diseñar estudios específicos cuyos resultados incidan, a su vez, en su disminución(…), ya que gran parte del trasfondo de esta violencia se encuentra en lo sociocultural, en las creencias estereotipadas sobre lo que son y deben ser las mujeres y los hombres”[3] por lo que en la columna del siguiente mes continuaré el abordaje desde el feminismo y la perspectiva de género.



[1] Existen diversos conceptos como neurodivergencia y/o neurodiversidad, personas con trastornos mentales, personas con discapacidad psicosocial, según si se trata de enfoques biomédicos o psicosociales , en este caso empleamos “persona con condiciones de salud mental” atendiendo a las recomendaciones del Informe del Relator Especial de la Naciones Unidas dirigido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de 2017.


[2] Documenta A.C.,” ¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México., pág. 25. Consultado el 14 de julio del 2021. https://www.documenta.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/%C2%BFPorrazo%CC%81nnecesaria.pdf [3] Loc. Cit 4 Ramos-Lira, Luciana. (2014). ¿Por qué hablar de género y salud mental? Salud mental, 37(4), 275-281, pág. 281.Consultado el 14 julio de 2021. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252014000400001&lng=es&tlng=esPág 281



Sobre la autora:

Adriana López Belda

Feminista y socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con experiencia profesional en la documentación, defensa e incidencia política en Derechos humanos, tanto en organismos autónomos como en organizaciones de la sociedad civil.


Esta columna forma parte de la sección Editorial de LaTraductoraMx, un espacio de opinión para mujeres especialistas que deciden alzar la voz.