Ellas, las que buscan a las y los desaparecidos


Una de las problemáticas más graves en el Estado de Jalisco es el gran número de personas desaparecidas, las cifras no concuerdan entre las que menciona el Estado (7,646 personas no localizadas y 2,385 personas desaparecidas), el gobierno federal (11,700 personas desaparecidas) y las que llevan las familias, no hay un registro único o confiable, tampoco se sabe los porqués ni los cómos; las investigaciones están mal dirigidas, hay poca capacitación y formación de las y los servidores públicos para tratar del tema y todo lleva la incertidumbre, la criminalización de las víctimas, la estigmatización del tema, el miedo y la corrupción del involucramiento de autoridades en los delitos y la invisibilización de ellas, de las víctimas directas; pero también de las indirectas. ¿Qué pasa cuando una persona desaparece? ¿Quién asume las tareas de cuidado, de búsqueda, de lucha? ¿Quiénes pasan de ser hermanas, madres, esposas, hijas...ser (además de todo lo anterior) investigadoras, detectives, especialistas, cabilderas y activistas? Ellas, las familias.


Cuando una persona desaparece no sólo deja el vacío de su presencia de toda una vida. ¿Qué pasa con su trabajo? ¿Con sus ahorros o su cuenta en el banco? ¿Con sus tareas? ¿Con su cupo en la escuela? ¿Quién cuidará a sus hijos o hijas? ¿Con su casa o quienes dependen de él o ella? Son demasiadas preguntas que las familias han tenido que responder y encontrar soluciones sobre la marcha, preguntas sin una respuesta concreta que se van armando al mismo tiempo que asumen la tarea búsqueda e investigación a la falta de respuesta institucional además de la incertidumbre sobre la salud o seguridad de la persona, sino sobre todo lo que ha construido a su alrededor; preguntas que más allá de la constante preocupación, sensación de vacío y hartazgo se ven obligadas a responder de una manera u otra sin el apoyo del Estado porque éste en realidad tampoco tiene una respuesta.


Por eso, desde 2017 el Congreso de la Unión ante la aprobación de la Ley General General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional ordenó a los Congresos Locales que en no más de 180 días generaran su propia legislación para que, a partir de las realidades que cada uno de los estados vive ideara respuestas, instituciones y soluciones para estas preguntas; y bueno, particularmente en Jalisco, la respuesta ha sido lenta, han pasado ya dos años, además de un proceso que ha sido cansado e increíblemente politizado por intereses particulares; mientras existen diputadas cuya historia y representación han empujado a crear leyes de calidad desde la co creación con activistas, especialistas y organismos internacionales, existen otros y otras que, por el contrario, siguen considerando este tema como moneda de cambio y negociación política, ¿por lo electoral? ¿Por defender sectores políticos o económicos? quién sabe, pero han entorpecido de una manera brutal cada uno de los pasos que implican los resultados de un parlamento abierto y representativo.


Al momento que escribo esta columna las familias de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones han tenido por lo menos 30 horas de trabajo con el Congreso del Estado, han trabajado en conjunto una Ley de declaración de ausencia en caso de desaparición desde una mirada transversal, desde la experiencia y la sensibilidad que implica responder a todas las preguntas que nos hacíamos anteriormente y que además protege a aquellas que ya se encuentran luchando día a día por encontrar a sus familiares mientras protegen lo mejor posible las condiciones de la vida, sus espacios, sus bienes, y a sus hijas e hijos de quien desapareció, a esto se le suma el poder técnico y realista que promueven organizaciones, universidades y activistas para contemplar las posibilidades verdaderas que tienen las instituciones de responder a ello.


Entonces, si ya está lista la ley, ¿Qué falta? voluntad política, dejar de usar el dolor y necesidad como moneda de cambio con fines electorales o lucrativos y dar seguridad a quienes se han hecho cargo por mucho tiempo de lo que no ha hecho el Estado.


Sobre la autora:

Claudia Ramírez Ramos

Coordinadora de Desde Mujeres. Especialista en Derecho parlamentario y políticas públicas.

Twitter: @ClaudiaRmRm


Esta columna forma parte de la sección Editorial de LaTraductoraMx, un espacio de opinión para mujeres especialistas que deciden alzar la voz.