Criminalización selectiva y brutalidad policial: clasismo, racismo y misoginia


Era viernes por la noche y cumplía con mi rutina de siempre: pasear al perro acompañada de T., al terminar el paseo le acompaño a su casa y algunas veces nos quedamos un rato platicando frente a ella en mi auto. Esa noche notamos un barullo particular de patrullas por todos lados, yo estaba un poco nerviosa, después de una experiencia terrorífica que tuve hace tiempo en manos de la policía, cualquier avistamiento de patrullas me pone en estado de alerta.


“Qué ganas de vivir en un país donde no tengamos que cuidarnos hasta de la policía.”- le dije.


Al parecer mi frase invocó la presencia de un elemento que vino a estacionarse frente a nosotros. Bajó de la patrulla y fue a tocar a mi ventana, según él recibió un reporte vecinal y quería saber quiénes éramos. Se aproximó armado, nos pidió identificaciones y la tarjeta de circulación. Se los entregamos, tardó bastante en revisarlas y anotar quién sabe qué cosa, después procedió a interrogarnos. Tras un rato de tensión, nos devolvió las cosas y nos dejó en paz. Alivio.


No estábamos haciendo nada pero tuvimos miedo ¿cuántas historias habremos escuchado de amigas y amigos a quienes detienen por estar en la calle y resultar “sospechoses” para quién sabe quién? Al parecer el libre tránsito es un derecho que sólo existe en papel y para algunas personas.


Al día siguiente de este incidente, leo la nota escalofriante: una mujer salvadoreña identificada como Victoria Esperanza Salazar Arriaza, fue sometida hasta la muerte por la policía municipal de Tulum, Quintana Roo. El suceso fue captado en video. Asesinada por un policía, su falta: alterar el orden público al ir en estado de ebriedad. Como si esto justificara la crueldad de una ejecución extrajudicial.


Este hecho es lamentable y terrible, denota criminalización selectiva, clasismo, racismo y misoginia. Nos revela la necesidad urgente de plantearnos alternativas para terminar de una vez por todas con la brutalidad policial. No es normal vivir con miedo a ser detenida y mucho menos asesinada.


El año pasado, tras el asesinato de George Floyd en manos de la policía, surgieron en Estados Unidos varias protestas en contra de la violencia policial, éstas planteaban la brutalidad policíaca como una cuestión sistémica de discriminación y opresión racial. El movimiento conocido como #BlackLivesMatter hizo eco en todo el mundo. México, no fue la excepción.


El suceso que ocurrió con George Floyd, resonó con nuestra realidad y avivó, en algunos casos, la discusión frente al racismo sistémico que también existe en México. Pocos días después de la muerte de Floyd, ocurre el asesinato de Giovanni López perpetrado por la policía en el estado de Jalisco y surge en México una ola de denuncias públicas por abuso policial.


¿Qué tan frecuente es el abuso de la policía en el país? Una encuesta elaborada por el INEGI en el 2016, revela lo común de la violencia policial en México. De acuerdo a esta de 64,150 personas encuestadas, el 64% sufrió agresiones físicas: patadas, puñetazos, sofocamiento, lesiones por aplastamiento y descargas eléctricas al momento de su detención. El 75% sufrió violencia psicológica: amenazas, aislamiento, desnudez... En el caso de las mujeres detenidas, en muchas ocasiones los abusos físicos son de índole sexual.


Desde el año 2006 se propuso en el país la inclusión del ejército en las funciones sociales y policiacas como “solución” a la deficiencia policial. Una alternativa cuestionable dado que el ejército es una de las instituciones que cuenta con más problemas de abuso de la fuerza letal. Actualmente, el ejército no sólo se ha incorporado a las tareas de seguridad pública, sino que se encarga de proyectos como la reforestación, la construcción e incluso de la distribución de vacunas de COVID-19. ¿En qué momento normalizamos que fuerzas armadas se dediquen a tareas que no les corresponden?


Una de las propuestas del movimiento #BlackLivesMatter para frenar el abuso policial consiste en pujar por el desfinanciamiento de la policía, con el fin de removerla de responsabilidades que no son policiales (la salud mental, el control de adicciones, el orden público, entre otras) y en su lugar entregárselo a instituciones no represivas enfocadas en el bienestar social. ¿Sería esto aplicable a la realidad mexicana?


Al día de hoy, los policías responsables del sometimiento y asfixia de Victoria han sido detenidos pero cabe cuestionarnos ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado en estos casos? ¿Cómo garantizarán que un suceso así no se vuelva a repetir?


Referencias:

INEGI. (2017, julio). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

Lizarrague, F. (2020, 14 junio). Los movimientos contra el racismo y la Policía en la crisis pandémica. La izquierda diario.

https://www.laizquierdadiario.com/Los-movimientos-contra-el-racismo-y-la-policia-en-la-crisis-pandemica

Pérez Correa, C. (2020, 18 junio). La brutalidad policial también es sistémica en México. New York Times.

https://www.nytimes.com/es/2020/06/18/espanol/opinion/policias-mexico-giovanni-lopez.html



Sobre la autora:

Lucía Anaya

Soy muy curiosa, me gusta caminar, los perritos y el café. Me apasionan los temas de sociedad, género, nuevos medios y cultura audiovisual. Me encanta aprender, estudié una Licenciatura en Arte Digital y una Maestría en Humanidades. Actualmente me desempeño como creadora de contenido digital tanto educativo como para marcas.

Twitter: @lucianaya_



Esta columna forma parte de la sección Editorial de LaTraductoraMx, un espacio de opinión para mujeres especialistas que deciden alzar la voz.