Acceso a salud sexual y reproductiva durante la pandemia del COVID-19

A más de un año de la declaración de la pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, este 11 de mayo se anunció por parte del gobierno federal que se comenzaría con la vacunación de mujeres embarazadas con mínimo nueva semanas de gestación. El aviso resulta un respiro en medio de la zozobra provocada por los problemas en la distribución de anticonceptivos en servicios de atención primaria, por la reconversión de centros de salud a hospitales de atención a pacientes de COVID-19, así como por la ausencia de un Programa Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva durante la presente administración.


Entre las principales problemáticas que se han visibilizado durante esta pandemia ha sido el aumento del embarazo adolescente y la violencia doméstica, incluida la violencia sexual. La jornada de distanciamiento social ha expuesto a adolescentes y mujeres a vivir mayor violencia sexual.


Aunque el gobierno federal presentó el 10 de abril del 2020 el Lineamiento para la prevención y mitigación del COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estimó que la no satisfacción de anticonceptivos para mujeres entre 15 y 49 años podría tener como consecuencia 122 mil embarazos no planeados durante la contingencia sanitaria.


En materia de acceso al aborto seguro, se han acrecentado las brechas que ya existían entre las entidades federativas que reconocen diversas causales para la interrupción y desde sociedad civil se han ofrecido los servicios de acompañamiento para realizar abortos con medicamento. Además, una buena práctica del gobierno como mencioné previamente ha sido la publicación del Lineamiento, en el que se incluye al aborto seguro como un servicio esencial que se debe garantizar en los marcos previstos por la ley; a pesar de ello, las mujeres y personas gestantes continúan enfrentándose a barreras para el ejercicio de este derecho debido a los estigmas y criminalización alrededor de la interrupción del embarazo.


El COVID-19 también ha afectado el acceso en la atención al parto y salud materna, ya que la infraestructura es insuficiente debido a que muchos hospitales y centros de salud se han convertido en hospitales de atención a personas con esta enfermedad y por ello ha aumentado la atención con parteras.


A pesar de las medidas gubernamentales, de acuerdo al análisis del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, la pandemia podría ocasionar que se incremente el número de embarazos de adolescentes debido a las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos, además de la postergación de programas de educación sexual integral (ESI), compromiso firmado por los 38 países que adhirieron al Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de 2013 y que constituye una medida primordial para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en América Latina.


Además de los servicios para la población en general, las dificultades en el acceso a estos derechos se incrementan para los grupos en situación de vulnerabilidad como las personas con discapacidad, las personas trans o racializadas. El gobierno debe priorizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como acciones fundamentales para garantizar los derechos de la población y contribuir el cumplimiento de los instrumentos internacionales en esta materia.


Fuentes:

*Observatorio Género y COVID-19 en México

https://genero-covid19.gire.org.mx/


* Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

https://oig.cepal.org/es



Sobre la autora:

Adriana López Belda

Feminista y socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con experiencia profesional en la documentación, defensa e incidencia política en Derechos humanos, tanto en organismos autónomos como en organizaciones de la sociedad civil.



Esta columna forma parte de la sección Editorial de LaTraductoraMx, un espacio de opinión para mujeres especialistas que deciden alzar la voz.